¿Pueden entrar militares a universidades? Lo que dice la ley

El presidente Abelardo De La Espriella anunció el domingo 13 de septiembre la creación de un protocolo nacional que permita a las autoridades ingresar a los campus universitarios en situaciones de violencia, vandalismo o alteración del orden público. El anuncio llegó tras disturbios en Bogotá durante marchas estudiantiles y plantea una pregunta que afecta directamente a la Universidad Surcolombiana y otras instituciones públicas del Huila: qué tanto pueden hacer las fuerzas de seguridad dentro de las universidades.

El mandatario fue claro en diferenciar entre protesta pacífica y actos de vandalismo. "La protesta pacífica será respetada, pero el terrorismo, el vandalismo y los ataques a infraestructura no son protesta", dijo. Agregó que "la autonomía universitaria no está por encima del orden público" y que su Gobierno enfrentará "de manera decidida" conductas como destrucción de bienes y ataques contra la Fuerza Pública.

Qué dice la ley sobre autonomía universitaria

La respuesta depende de cómo se interprete la Constitución y la Ley 30 de 1992. El artículo 69 de la Constitución garantiza la autonomía de las universidades públicas, lo que significa que estas instituciones tienen derecho a autodirigirse y autorregularse sin injerencia de poderes externos. Ese principio ha sido históricamente una barrera para que la Policía ingrese a los campus sin consentimiento de las autoridades universitarias.

Sin embargo, la pregunta que quedó sin responder en el anuncio presidencial es cómo se aplicaría ese protocolo en la práctica. ¿Requeriría autorización del rector de la Universidad Surcolombiana o de cualquier universidad pública del departamento? ¿Sería unilateral la decisión del Gobierno? El proyecto que De La Espriella promete elaborar debería aclarar estos puntos, porque de lo contrario podría chocar con la autonomía que la ley reconoce.

Reacciones sobre vigilancia y persecución

Legisladores de la oposición rechazaron rápidamente el anuncio. Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, escribió que la medida es "una abierta violación del artículo 69 de la Constitución". Quilcué, excandidata vicepresidencial, advirtió que en un país donde estudiantes han sido perfilados y perseguidos por protestar, abrir las puertas de las universidades a intervenciones policiales "no es seguridad, es persecución".

Ambos citaron un antecedente que pesa en Colombia: el Paro Nacional de 2021, cuando la intervención de la Fuerza Pública en universidades dejó estudiantes muertos. Ese historial explica por qué la autonomía universitaria no es solo un principio académico sino un derecho conquistado con dolor.

Cómo afecta al Huila

Para estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Surcolombiana y demás instituciones de educación superior en Neiva, el protocolo que está en gestación tendrá consecuencias concretas. Si se aprueba en términos amplios, significaría que patrullas o unidades de la Policía podrían entrar a los campus sin necesidad de consenso con los rectores, en situaciones que el Gobierno defina como de "violencia" o "orden público alterado". Eso cambiaría la dinámica de espacios que históricamente han sido protegidos para el debate y la movilización estudiantil.

La Universidad Surcolombiana, como institución pública, es también un escenario donde ocurren manifestaciones estudiantiles por diferentes causas: presupuesto, derechos laborales de docentes, política nacional. El protocolo podría usarse como herramienta para controlar esas expresiones si la definición de "violencia" resulta siendo demasiado laxa.

El Gobierno ahora tiene la tarea de redactar las disposiciones específicas. Las universidades públicas del país, incluyendo la del Huila, estarán atentas a qué dice ese documento y si respeta o no los límites que marca la ley.

Gentil javela - Dime Media
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